Conoce las novedades destacables en materia del Plan de Igualdad
El 24 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2023 que, introduce importantes modificaciones en materia de «contratación pública» dando un nuevo impulso a la normativa de igualdad.
Se recoge la constancia expresa de las obligaciones, tanto de las Administraciones Públicas como de las empresas de más de 50 personas trabajadoras, de implantar un plan de igualdad.
Dividimos estas modificaciones en función de la norma afectada:
1- Modificaciones operadas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad.
Ahora, la Ley de contratos en el Sector Público señala que no podrán acceder a licitaciones públicas aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no cumplan con la obligación de contar con un Plan de Igualdad conforme a la normativa vigente.
2- Modificaciones operadas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Además, se establece que las Administraciones Públicas aprobarán, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos, a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo y negociado según normativa vigente.
Asimismo, se indica que en el plazo de 3 meses se creará un Registro de Planes de Igualdad, adscrito al departamento con competencias en materia de función pública.
En este deberán remitir las distintas Administraciones públicas sus planes de igualdad y protocolos así como sus protocolos que permitan proteger a las víctimas de acoso sexual y por razón de sexo.
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